La lucha por la despenalización del aborto en Uruguay
Te contamos un poquito más sobre cómo se dio este proceso en el país y qué implicó para todas las personas con útero.
¿Qué significa que el aborto está despenalizado en Uruguay?
Significa que existe una ley que te permite realizarte un aborto dentro de determinados plazos y con determinadas características. Todos los centros de salud tienen que cumplir con esto y garantizarte el derecho a abortar. Además, si vas a tu prestador de salud con indicios de haberte hecho el aborto por tu cuenta, no pueden penalizarte de ninguna manera. La diferencia con la legalización es que en nuestro caso debemos hacerlo de acuerdo con los límites de la ley, mientras que, si fuera legal, podríamos hacerlo de la manera que mejor nos convenga, sin plazos y sin un método de preferencia.
Un largo recorrido para la despenalización
Si bien la despenalización se consiguió en el año 2012, el recorrido para conseguir este derecho para las personas con útero no comenzó en ese momento, sino mucho tiempo atrás.
Un primer esbozo fue la reforma del Código Penal de 1933, de la mano de Irureta Goyena, que permitía que se realizaran abortos en los hospitales públicos. Esta reforma duró muy poco, porque en 1935, durante la dictadura del presidente Gabriel Terra, se lanzó un decreto que prohibió la realización de abortos en hospitales. Tres años después, se penalizaron las interrupciones de embarazos (es decir, pasaron a ser delito). Durante años, el aborto siguió siendo penado con cárcel.
De proyectos y de vetos
Recién en 2002 se presentó un proyecto de despenalización que recibió media sanción por parte de los diputados (es decir, quedó pendiente para ser aprobado por los senadores). Dos años y mucha charla después, los senadores lo rechazaron.
En 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio, se llevó a cámara de senadores un nuevo proyecto de despenalización del aborto, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En noviembre de 2008, el senado votó 17 a 13 para aprobarla, pero la ley fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez. El veto es el derecho que tiene una persona o un organismo, en este caso el presidente, de impedir que prospere una decisión aprobada en un órgano de gobierno, como el Poder Legislativo en este caso.
En 2011 se aprobó por parte de los senadores un nuevo proyecto de ley, pero este no tuvo todos los votos de la bancada del Frente Amplio, por lo que no se llegó a tratar en diputados. Durante todo ese tiempo en que la ley no era aprobada, los profesionales de la salud pudieron brindar asesoramiento para abortar a aquellas mujeres que deseaban hacerlo, aunque estuviese penalizado. Es decir: ellos no podían hacer el aborto ni recetar las pastillas correspondientes, pero sí podían ayudar a la mujer con asesoramiento.
¿Qué pasó en 2012?
Finalmente, llegó el año 2012. El clima social para la despenalización del aborto parecía ser favorable. En las encuestas a la población, un 51 % estaba a favor, mientras que un 37 % la desaprobaba. Los números que mostraba la encuestadora CIFRA sacaban a la luz que desde el año 2001 la mayoría de los uruguayos estaba a favor de la despenalización, aunque el cambio fue lento.
Desde que la ley se puso sobre la mesa en 2002, las organizaciones a favor y en contra de la despenalización se hicieron sentir: manifestaciones de todo tipo e intentos por «convencer» con diferentes argumentos. Estos se replicaron en conversaciones en el parlamento, donde hubo desde ecografías de embriones de 12 semanas de gestación hasta acusaciones de promover homicidios.
¿Qué papel jugaron los movimientos feministas?
El movimiento feminista siempre tuvo como uno de los pilares de lucha la necesidad de tener aborto legal. Según MYSU (Mujer y Salud en Uruguay), desde 1985, con la recuperación de la democracia, el debate sobre la despenalización del aborto tuvo muchísima fuerza. Desde ese momento, las feministas hicieron mesas abiertas, intervenciones, grupos de trabajo, crearon la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Salud de las Mujeres, campañas mediáticas y mucho más. Si querés saber más sobre la militancia feminista para la despenalización del aborto en Uruguay, podés leer acá.
Y se hizo ley, pero no terminó ahí…
En julio de 2012, se formó una Comisión Especial para analizar el proyecto de ley escrito por Iván Posada (Partido Independiente). En una ardua sesión de diputados que comenzó el 25 de setiembre y terminó a la madrugada, se aprobó este proyecto con algunas modificaciones hechas por el Frente Amplio. Finalmente, el 17 de octubre se convertía en ley al ser votada afirmativamente por los senadores.
El Partido Nacional inició en ese momento una juntada de firmas para que se llevara a votación popular la derogación de la ley. Sin embargo, solo el 8,8 % de los uruguayos apoyaron el recurso de referéndum, cuando se precisaba al menos un 25 % de los votantes para llegar a una nueva instancia de consulta.
La ley es un hecho
A partir de ese momento, comenzó la implementación de la ley en todas las mutualistas y en Salud Pública; algo que tampoco fue fácil: muchos ginecólogos se opusieron a practicar abortos amparados en la objeción de conciencia, es decir, su derecho a oponerse por una razón ética o religiosa a cumplir con una disposición oficial.
Claramente, no fue un camino fácil y seguramente haya mucho por hacer a futuro. Pero aun luego de que los proyectos de ley fueran votados, echados para atrás e incluso vetados, hoy en día podemos tener acceso a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro del marco de la ley.
Amo las papas fritas. Machista en reconstrucción hacia un feminismo que nos libere. Una vieja de alma en un cuerpo relativamente joven. Escribo, corrijo, edito, leo, duermo.